Seis grandes compañías distribuidoras de combustible, y 46 distribuidores minoristas, entraron en el radar de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que les formuló pliego de cargos.

Las empresas que deberán responderle a la Superintendencia son Terpel, Chevron Petroleum Company, Biomax Biocombustibles, Primax Colombia, la Asociación de Distribuidores Minoristas de Combustible y Derivados del Petróleo de Nariño, Adiconar, además de la 46 minoristas de combustible.

El proceso se debe a presuntas prácticas anticompetitivas en la distribución de los derivados del petróleo en el departamento de Nariño.

La SIC busca establecer si los investigados habrían desarrollado una estrategia orientada a obstaculizar el ingreso de nuevos agentes mayoristas al mercado de distribución de combustibles.

El pliego de cargos establece la posibilidad de multas a cada persona jurídica de hasta 100.000 salarios mínimos, lo que equivale a $116.000 millones, y a las personas naturales que intervinieron, una cifra de $2.300 millones.

“De acuerdo con la regulación aplicable para la distribución de combustibles líquidos en zonas de frontera, si un distribuidor mayorista construye una planta de abastecimiento en Nariño, tendrá el primer orden de prelación para desarrollar actividades de distribución en ese departamento. Esto implica que los demás distribuidores mayoristas solo pueden atender la demanda de combustibles que no hubiera atendido el distribuidor que tuviera el primer orden de prelación”, señaló la SIC.

En el pliego de cargos, la SIC requirió a los investigados explicación sobre el ejercicio masivo, “reiterado e injustificado”, de más de 45 acciones judiciales y administrativas ante diversas autoridades para impedir que nuevos distribuidores mayoristas construyeran plantas de abastecimiento en Nariño.

“Con lo que presuntamente pretendían que ningún agente pudiera obtener el primer orden de prelación para la actividad de distribución”, reportó la entidad.

Dentro del conjunto de acciones ejercidas con esa finalidad se encuentran recursos ante el Ministerio de Minas y Energía, acciones de tutela, acciones populares y demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Esta estrategia habría sido acordada en reuniones realizadas por Adiconar, con la presunta participación de distribuidores mayoristas y minoristas investigados.

La estrategia anticompetitiva que la SIC investiga habría logrado que el esquema de abastecimiento definido por la regulación para incentivar la construcción de plantas de abastecimiento en Nariño fuera suspendido, en detrimento de los consumidores de ese departamento, que no se vieron beneficiados con una reducción del riesgo de desabastecimiento de combustibles líquidos y una eventual reducción de precios de los combustibles líquidos.